El gas de la discordia: cuando el mapa del frío bonaerense se discute en los tribunales del sur y la costa

Quienes peinamos canas y hemos recorrido los caminos de la provincia conocemos de sobra la dureza del invierno en nuestras latitudes. Por estos días, en que el sol estival entibia las playas de Mar del Plata y las brisas del mar traen un respiro a los veraneantes, la preocupación viaja por las avenidas costeras y cruza los campos arados hasta llegar a las anchas avenidas de Bahía Blanca. La reciente promulgación de la Ley 27.828 ha vuelto a poner sobre la mesa de discusión el esquema de Zona Fría. En la vida como en el fútbol, cambiar las reglas de juego a mitad del partido suele descolocar hasta al jugador más experimentado.

El conflicto no es nuevo en la memoria de los pueblos del interior. El sudoeste bonaerense, allí donde la pampa se junta con la meseta y el viento sur sopla sin encontrar reparo, conoce muy bien la necesidad de contar con abrigo y energía para sostener la producción y la vida cotidiana. La exención que beneficiaba a más de noventa municipios no era un privilegio concedido por azar, sino una compensación histórica al rigor del clima. Hoy, con la nueva norma, el intendente bahiense Federico Susbielles decidió salir a marcar la cancha con una presentación judicial colectiva respaldada por instituciones sociales y clubes de barrio que sienten el impacto en sus instalaciones.

Las mediciones técnicas aportadas al expediente por investigadores del CONICET demuestran lo que cualquier paisano del campo sabe por experiencia propia: las heladas en Bahía y la zona no le envidian nada al frío de Neuquén o Viedma. Cuando el termómetro baja en las madrugadas rurales, el consumo de gas no responde a un lujo, sino a una necesidad biológica indispensable para encarar la jornada. Presentar informes climáticos junto al reclamo legal busca devolverle sentido de realidad a los expedientes de escritorio.

Unos kilómetros más al norte, siguiendo la línea del Atlántico, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon tomó la pelota en su propio terreno y acudió a la Justicia Federal marplatense. Allí, donde los pesqueros descansan en el puerto y las familias pasean por la rambla, la perspectiva de afrontar facturas con aumentos significativos encendió las alarmas de los vecinos. La quita de los beneficios automáticos implica someter a cada hogar a filtros socioeconómicos que muchas veces no contemplan la realidad patrimonial de la gente de trabajo. En el puerto marplatense se sostiene que la igualdad ante la ley debe respetarse sin discriminaciones territoriales.

A lo largo de los años, uno ha visto pasar infinidad de leyes y decretos, pero la geografía de la provincia de Buenos Aires sigue siendo la misma. La franja productiva, los talleres industriales del sur y las viviendas familiares dependen de una matriz energética previsible. Cuando se retira un estímulo de este tipo, el impacto se siente en la economía regional como un tiro libre al ángulo en el último minuto del suplementario. Los municipios afectados buscan un tiempo muerto judicial que permita revisar los criterios aplicados sobre el territorio.

Los tribunales de Bahía Blanca y Mar del Plata tienen ahora la responsabilidad de definir el rumbo de estas demandas cautelares. Mientras tanto, en los talleres, en los comercios y en las cocinas de las casas bonaerenses, se espera con serenidad una definición que traiga tranquilidad. La energía es el motor silencioso que mueve al campo, a las fábricas y al turismo, y el respeto por las particularidades del territorio sigue siendo el cimiento fundamental de cualquier política duradera.