Siete allanamientos en Azul, Tandil, Olavarría y Rauch por la tenencia de material de abuso sexual infantil
En el marco de un gran operativo provincial coordinado por la Procuración General, la justicia del Departamento Judicial de Azul desplegó procedimientos en varias localidades del interior bonaerense. Se secuestró una gran cantidad de computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento que serán sometidos a pericias informáticas.
La llanura pampeana amaneció conmocionada por la magnitud de un despliegue judicial que, como una tormenta de Santa Rosa imprevista, sacudió la parsimonia habitual de nuestras localidades. El pasado miércoles 17 de junio se ejecutaron siete registros domiciliarios simultáneos en el interior bonaerense, distribuidos estratégicamente entre las ciudades de Azul, Olavarría, Tandil y Rauch. Estos procedimientos formaron parte de una red mucho más amplia, extendida a nivel provincial, destinada a combatir delitos complejos y silenciosos que suelen esconderse detrás de las pantallas de las computadoras. La denominada Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII golpeó con firmeza en el corazón del territorio provincial.
El operativo global, que contempló más de un centenar de intervenciones en 76 localidades bonaerenses, tuvo su correlato local bajo la órbita del Departamento Judicial de Azul. Quienes peinamos canas sabemos que la tranquilidad del campo a veces camufla realidades complejas que la tecnología de hoy acelera a pasos agigantados. Las causas que motivaron el accionar de las fuerzas de seguridad están vinculadas a la presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Las investigaciones se originaron a partir de alertas tecnológicas automatizadas de Google Photos y Google Drive.
En Tandil, una ciudad que combina el pulso serrano con el crecimiento urbano, las miradas se dirigieron hacia los portones que habitualmente resguardan la intimidad familiar. La Unidad Funcional de Instrucción especializada, bajo la conducción del Dr. Adrián Peiretti, movió las piezas con el cuidado de un director técnico que sabe que se juega un partido por los puntos más importantes: la integridad de los menores. Los juzgados de garantías locales avalaron los procedimientos para recolectar las pruebas necesarias en cada localidad.
El rastrillaje digital y domiciliario arrojó cifras alarmantes que superan el inventario de cualquier cooperativa agraria de la región. Las fuerzas policiales lograron incautar un total de 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento digital y 165 teléfonos celulares, además de dos armas de fuego en algunos de los domicilios requisados. Toda esta tecnología secuestrada será sometida a rigurosas pericias informáticas en los próximos días.
Mirando el mapa de nuestra provincia, desde los campos de Rauch hasta las zonas mineras de Olavarría, se comprende que el delito digital no reconoce alambrados ni fronteras geográficas. La intervención judicial, coordinada por la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, buscó desarticular comportamientos tipificados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino. El Ministerio Público bonaerense busca frenar la proliferación del acoso y el abuso de menores en línea.
El invierno se avecina frío en el sudoeste y el centro de la provincia, y estas noticias congelan el ánimo de comunidades donde todos los vecinos se conocen por el apellido. El proceso judicial continuará su curso habitual en los tribunales de la región, analizando cada bit de información recuperado de los discos rígidos. La sociedad regional espera que la justicia actúe con celeridad para esclarecer las responsabilidades penales correspondientes.
