Causa Libra: El freno judicial en Comodoro Py que repercute en el territorio bonaerense y los ahorros productivos
La exclusión de los querellantes dictada por el juez Martínez De Giorgi en el expediente de la memecoin Libra altera el mapa de la justicia federal. Entre pliegos demorados en Hurlingham y traslados estratégicos a Lomas de Zamora, el interior y la costa observan cómo las viejas reglas del juego definen la suerte de las finanzas digitales.
A lo largo de los años, uno aprende a mirar los movimientos de la justicia con la misma paciencia con la que el tambero espera que aclare en el invierno bonaerense. Los expedientes pesados se mueven al ritmo de las estaciones, y en este invierno las novedades llegan desde los fríos despachos de Comodoro Py, pero impactan directamente sobre el territorio y la tranquilidad de nuestra gente. La decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi de apartar a cinco querellas en la causa que investiga la estafa con la criptomoneda Libra es como sacar de la cancha a los delanteros que venían empujando el partido. Sin el impulso de los particulares damnificados, el destino de la investigación queda bajo la exclusiva responsabilidad de la fiscalía de Eduardo Taiano, un andar parsimonioso que en los pasillos de los tribunales ya se conoce de memoria.
Quienes conocemos el pulso de la producción y el valor del ahorro genuino sabemos que la llegada de las finanzas virtuales sedujo tanto a jóvenes de la ciudad como a productores de la región del Salado y de los pueblos costeros de la Quinta Sección durante las últimas temporadas. El argumento del magistrado para dictar este corrimiento se basa en una estricta mirada técnica: sostuvo que los denunciantes no lograron acreditar un perjuicio real y directo sobre sus patrimonios ni comprobar fehacientemente la titularidad de las billeteras electrónicas involucradas. Como si fuera una mala tarde en un potrero del interior, el juez pareció aplicar el reglamento de manera rigurosa, señalando además que quienes colocaron su dinero en Libra asumieron los riesgos propios de una volatilidad similar a las memecoins.
El trasfondo de estas decisiones judiciales suele tener hilos delgados que se tejen lejos del barro de nuestras chacras y las banquinas de la Ruta 2. En la misma semana en que se conoció el alejamiento de Manuel Adorni de la estructura del Gobierno nacional, la aguja de la balanza tribunalicia comenzó a inclinarse de forma llamativa. La renuncia del exvocero coincidió temporalmente con el tratamiento de pliegos de magistrados que impactan de lleno en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Para quienes miramos la política institucional con el paso del tiempo a cuestas, es imposible desvincular estas acciones de los viajes institucionales que compartieron el juez Ariel Lijo y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques a la ciudad de París.
Esos movimientos de piezas en el tablero judicial recuerdan a las viejas estrategias de los directores técnicos que refuerzan la defensa cuando el partido se pone difícil en el segundo tiempo. Mientras la causa Libra pierde dinamismo en los tribunales porteños, el oficialismo apuró el pliego de Juan Tomás Rodríguez Ponte, un hombre de confianza del riñón de Lijo, destinado a ocupar una silla clave en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, territorio donde se tramitan las causas de mayor exposición pública. Mientras tanto, en los pagos de Hurlingham, la designación de la doctora Ana Juan como jueza federal permanece bajo una prolongada pausa, a la espera de una firma presidencial que parece depender del ritmo cambiante de las negociaciones políticas del invierno.
Las voces que reclaman por el rumbo de la causa no tardaron en llegar desde los sectores que acompañaban legalmente a los damnificados rurales y urbanos de la provincia. El abogado Juan Grabois, representante de gran parte de los querellantes desplazados, alzó su voz apuntando a un acuerdo estructural que excede los márgenes del expediente económico. En sus declaraciones cruzó con dureza el entramado de influencias mutuas que define estos tiempos, advirtiendo sobre las consecuencias a largo plazo para la credibilidad de los ahorros comunitarios. “Este pacto de impunidad se sella a través de quien ambos han elegido como su delegado: Juan Bautista Mahiques”, expresó con contundencia el letrado, previendo que la discusión se mudará ahora a los estrados de la Cámara Federal, donde se buscará torcer el rumbo de un partido que recién empieza su etapa de definiciones.
