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El Senado achicó el mapa del gas subsidiado y los distritos del interior deberán afrontar el rigor del invierno con facturas más pesadas

La reforma del régimen de Zonas Frías dejó sin beneficio a más de tres millones de familias en la provincia de Buenos Aires y la región central del país. Entre el viento de la costa, el frío serrano y la realidad de los pueblos, las tarifas vuelven a marcar el ritmo de la economía hogareña.

Quienes peinamos canas y conocemos de cerca la vida en los pueblos del interior sabemos de sobra que el invierno no pregunta el nombre del intendente ni se fija en las fronteras de una provincia. Cuando el viento del sur entra cruzando el campo o la helada pega duro en los pastos de la sierra, la estufa encendida deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica de la familia. Sin embargo, en las últimas horas el Congreso volvió a mover la aguja del consumo cotidiano y el Senado convirtió en ley la quita del subsidio al gas para noventa y cuatro municipios bonaerenses.

La decisión legislativa retrotrae un esquema que se había ampliado hace apenas unos años para darle un alivio al bolsillo de los vecinos. En la sesión de la Cámara Alta, donde las negociaciones políticas entre los bloques del norte y el oficialismo inclinaron la balanza por treinta y ocho votos a favor, se decidió mantener la zona fría únicamente para la Patagonia, la Puna y Malargüe. Como cuando en la cancha un fallo arbitral discutido cambia el desarrollo de un partido parejo, la medida deja afuera del beneficio a más de tres millones de usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza.

Para las familias que habitan el cordón productivo, la franja costera y las localidades agrícolas del interior bonaerense, la novedad genera una comprensible preocupación. En ciudades donde el frío se siente en los huesos como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Necochea o Junín, los consumos de calefacción en las casas duplican a los de las zonas templadas. La voz de los legisladores que se opusieron a la norma dejó en claro que la quita provocará un salto tarifario que en muchos hogares duplicará el monto de la factura de gas.

En el debate de comisión se escucharon argumentos de todo tipo sobre la equidad de los recursos públicos y la situación de los millones de argentinos que todavía cocinan y se calefaccionan con garrafa. Se habló de la necesidad de sanear las cuentas del Estado y ordenar las deudas con la administradora mayorista del mercado eléctrico. Sin embargo, para la dueña de casa que atiende el mostrador o para el jubilado que vive de una pensión en nuestros pueblos, el cambio de reglas de juego llega en un momento donde el presupuesto no tiene margen para sorpresas.

El texto aprobado abre una pequeña rendija para aquellas familias que no alcancen a cubrir el costo de las nuevas planillas. Se implementará un mecanismo de subsidio focalizado para quienes acrediten ingresos por debajo de tres canastas básicas, pero el descuento se aplicará únicamente sobre el precio de origen del gas y no sobre el total de la boleta. Para los pequeños comercios, las pymes de barrio y las viviendas que queden fuera de ese margen, la quita del beneficio representará un costo fijo que afectará el movimiento económico en los pueblos.

En las charlas de café al costado de la ruta o en las reuniones de las entidades productivas del interior, el tema de los servicios públicos siempre vuelve como un péndulo. Quienes han recorrido la provincia durante décadas entienden que la producción necesita previsibilidad y que la gente del interior no pide privilegios, sino condiciones parejas para trabajar y progresar. Habrá que ver cómo se acomodan los números de cada hogar cuando los primeros fríos del año que viene comiencen a exigir el encendido de los calefactores en las casas de nuestros pueblos.

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