El Senado debate la extranjerización de tierras, desalojos exprés y el pago a fondos buitres en una sesión clave

Hay sesiones que no pasan desapercibidas, y la de este jueves en el Senado promete ser una de esas jornadas que quedan marcadas en el calendario político. Desde las 11, la Cámara Alta debatirá un paquete de proyectos que, de aprobarse, modificarán reglas históricas sobre la propiedad de la tierra, los desalojos, las expropiaciones y hasta el manejo del fuego. Y como si fuera poco, también se pondrá sobre la mesa el pago a dos fondos buitres, un capítulo que la Argentina conoce demasiado bien.

El proyecto de propiedad privada, diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llega al recinto con cambios tras negociaciones con los bloques dialoguistas. Pero su núcleo sigue intacto: eliminar los límites para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales. Una jugada que, para muchos, cambia el tablero del federalismo y la soberanía territorial. Como en el fútbol cuando se abre el mercado de pases sin restricciones, la pregunta es quién va a jugar en la cancha y quién va a mirar desde afuera.

El texto mantiene una prohibición: los Estados extranjeros no podrán adquirir tierras, ni tampoco empresas donde esos Estados tengan participación. Pero el resto del camino queda despejado. Las provincias conservarán la potestad de autorizar ventas, aunque sin el paraguas de la ley nacional que hasta ahora fijaba límites claros.

Otro punto caliente es el de los desalojos exprés. El proyecto establece un procedimiento acelerado para casos de usurpación, con plazos de intimación de 10 días y notificaciones válidas incluso si el locatario no las recibe. Para los alquileres, el desalojo deberá tramitarse por el procedimiento más breve, de apenas 10 días hábiles. En la tribuna política, algunos lo celebran como una forma de “ordenar el mercado”; otros lo ven como un riesgo para miles de familias que viven en situaciones precarias. Como en un partido apretado, cada pelota dividida puede cambiar el resultado.

El capítulo de expropiaciones también se endurece. La declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado tendrá que justificar con precisión cada caso. Se fija un tope del 30% para indemnizaciones por lucro cesante y se establece una tasa de interés equivalente al IPC más la tasa del Banco Nación. Para quienes siguen el tema de cerca, esto implica un giro hacia un esquema más favorable a los privados.

En materia de manejo del fuego, el proyecto deroga la prohibición de cambiar el uso del suelo durante 30 años en predios rurales incendiados. En bosques nativos se mantiene la prohibición, pero se elimina el plazo de 60 años. Organizaciones ambientales advierten que esto puede abrir la puerta a negocios inmobiliarios en zonas afectadas por incendios, un tema que ya generó polémica en varias provincias.

La sesión también incluirá el tratamiento del proyecto que autoriza al Gobierno a pagar USD 171 millones a los fondos buitres Bainbridge y Attestor, con el objetivo de cerrar litigios y evitar embargos sobre activos argentinos, como las acciones de YPF. Un déjà vu que recuerda viejas batallas judiciales y que vuelve a poner en discusión la estrategia financiera del país.

Además, se votarán 50 pliegos judiciales, mientras que otros 23 quedarán para una próxima sesión. La lista definitiva se conocerá horas antes del debate.

En un país donde la tierra, la justicia y la deuda siempre fueron temas sensibles, la sesión de este jueves se juega como una final. Y como toda final, nadie quiere quedar del lado equivocado de la historia.