El suelo patrio no se remata en las oficinas de la Capital: la doble vara de los negocios rurales y el freno de las provincias
En estas heladas jornadas de agosto, mientras la escarcha cubre los campos bonaerenses, la pretensión de entregar nuestras hectáreas a capitales extranjeros chocó de frente contra la realidad. El caso del senador Benegas Lynch y las internas en el Congreso exponen una falta de ética alarmante frente al cuidado de la tierra.

En estas mañanas frías de agosto, cuando el viento del sur hiela los pastos en los campos del interior bonaerense y la gente busca el refugio del hogar frente al frío invernal, la política porteña vuelve a mostrar su cara más desencajada. Uno, que peina canas y ha visto pasar muchas temporadas de siembra y cosecha, sabe muy bien que la tierra no es una planilla de Excel que se negocia entre cuatro paredes. El suelo es la matriz donde se cimenta el trabajo de las familias rurales y el futuro de nuestra producción.
El revuelo levantado en el Senado dejó al descubierto una situación que causa indignación en la gente de trabajo. El senador Joaquín Benegas Lynch, un hombre del oficialismo, figura como dueño de la firma Glocal Terra, una empresa que vive de intermediar y venderle campos argentinos a compradores extranjeros. Atender de los dos lados del mostrador mientras se pretende derogar la Ley de Tierras es una falta de ética que golpea de lleno en el corazón de la patria.
En sus explicaciones por redes sociales, el legislador intentó justificar su postura diciendo que levantar los controles beneficiará a los productores y al sector privado. Sin embargo, en el ámbito rural conocemos de memoria el paño y sabemos que eliminar los topes legales solo favorece la especulación y las comisiones de unos pocos. No se puede ser el árbitro que dicta la norma y al mismo tiempo el delantero que cobra por cada pase de gol hacia el exterior.
La firma del senador ostenta un catálogo de más de tres millones de hectáreas, ofreciendo lotes en el corazón sojero, campos de la Patagonia y viñedos en la precordillera. Entregar esas extensiones a corporaciones internacionales sin ningún límite desmantela el arraigo de las familias agrícolas y debilita el control sobre nuestras fuentes de agua y recursos naturales. Cuando el suelo pasa a manos anónimas del extranjero, el pueblo pierde el dominio de su propio territorio y de su destino.
Por suerte, la jugada parlamentaria que encabezó Patricia Bullrich terminó desmoronándose como un castillo de naipes. La senadora intentó vender una victoria asegurada en la Capital inventando un conteo de votos que no existía en la realidad de la cancha. El rechazo firme de la senadora salteña Flavia Royón y las bajas en Neuquén y Tucumán terminaron por desarmar una estrategia sostenida en papeles dibujados.
Los gobernadores del interior escucharon el sentir de sus pueblos y le pusieron un freno de mano a la prepotencia centralista. Entendieron a tiempo que no se puede jugar a la ruleta con la soberanía de las provincias para complacer apuros o negocios de ocasión. Las provincias demostraron que el mapa productivo del país no se diseña a la medida de los intereses de una inmobiliaria porteña.
Este episodio deja una lección clarísima para quienes defendemos la memoria de nuestra producción agrícola. La tierra patria requiere cuidado, fomento al trabajo genuino y un profundo respeto por las comunidades que soportan el rigor de cada invierno en los potreros. El Congreso debe recordar que el suelo no se vende por hectáreas y que para legislar sobre la patria hay que tener las manos bien limpias.
