La pulseada por los convenios colectivos abre una grieta entre la Rosada y la Provincia en el mapa productivo
Mientras la Secretaría de Trabajo de la Nación apura la revisión forzada de 800 marcos laborales históricos amparada en el fin de la ultraactividad, la administración de Axel Kicillof se planta en territorio bonaerense para resguardar los derechos vigentes en las industrias y el sector agropecuario del interior.
Hay momentos en la vida institucional de nuestra provincia que recuerdan a esos partidos trabados de mitad de campeonato, donde un equipo sale a presionar alto en toda la cancha para forzar el error, mientras el otro se planta firme en el fondo, abroquelado, cuidando el resultado y el orden propio. La decisión del Gobierno nacional de enviar 800 notificaciones para revisar los convenios colectivos de trabajo bajo el nuevo paraguas de la reforma laboral generó un cimbronazo inmediato que cruzó la General Paz y encontró un freno tajante en las oficinas de La Plata, abriendo un nuevo capítulo en la histórica tensión entre ambas jurisdicciones.
El movimiento de la Secretaría de Trabajo conducida por Julio Cordero se apoya fundamentalmente en la caducidad de la ultraactividad, aquel principio legal que garantizaba la prórroga automática de los convenios si las partes no sellaban un nuevo acuerdo. Para el entramado productivo de nuestro interior bonaerense, donde las cooperativas, los talleres y las pequeñas plantas fabriles marcan el ritmo del pueblo, este cambio es sustancial porque la caída de la vigencia automática obliga a sindicatos y empresas a rediseñar las condiciones de trabajo actuales. Mientras el oficialismo nacional argumenta que es una modernización indispensable para la competitividad, en las delegaciones regionales la incertidumbre se palpa en las charlas de café de cada mañana.
La ofensiva centralista apunta en su primera etapa a los gremios con mayor peso y densidad de afiliados, muchos de los cuales sostienen la logística diaria del campo, los servicios y la producción en el territorio provincial. La lista incluye a Camioneros, Bancarios, la UOCRA, Aceiteros, Alimentación, Sanidad y Gastronómicos, actividades que mueven la economía de las grandes urbes y también de nuestras localidades costeras cuando afloja el frío y se empieza a planificar la temporada alta. La convocatoria forzada alcanza además a sectores estratégicos como la energía, el transporte marítimo y portuario y el personal aeronáutico.
Frente a este escenario de apuro nacional, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Walter Correa, salió rápidamente a marcar una distancia prudencial y bien definida desde el plano territorial. La postura bonaerense es clara: no se convalidará ninguna mesa de discusión que implique un retroceso en los derechos adquiridos o que esconda esquemas de flexibilización laboral encubierta para debilitar el tejido social de los municipios. La gestión provincial apuesta a sostener las paritarias tradicionales como un espacio de equilibrio colectivo, funcionando como un dique de contención para evitar que las categorías y las jornadas consolidadas durante décadas se desarmen por decreto.
Esta dualidad de criterios jurídicos y políticos plantea un mapa complejo para las industrias manufactureras del calzado, textiles, químicos, plásticos y la cuenca lechera, donde la relación entre el patrón y el obrero rural o fabril suele tener una cercanía muy distinta a la de las grandes corporaciones de la capital. La resistencia de la CGT bonaerense y el respaldo institucional de La Plata configuran una trinchera que busca resguardar los salarios reales frente al aumento de tarifas y la recesión. Los próximos meses serán decisivos para ver cómo conviven estas dos realidades normativas contrapuestas en el mismo suelo, en una discusión profunda donde se juega, ni más ni menos, que el modelo laboral de las futuras generaciones.
