Propiedad privada y fuego: las reformas que rozan la tierra, el trabajo y los límites del campo argentino

A quien ha visto pasar las estaciones en la pampa húmeda o en los valles del interior, las leyes escritas con apuro en los despachos porteños le producen una vieja y conocida prudencia. Este jueves, bajo el calor del recinto parlamentario, el Senado se dispone a tratar un proyecto que pretende ordenar el régimen de propiedad privada, expropiaciones y el uso de la tierra. La propuesta llega bastante mutilada tras la resistencia de los gobernadores que frenaron la venta de campos a capitales extranjeros. Cualquier paisano sabe que no se puede cambiar el régimen de la tierra sin mirar primero quién la trabaja todos los días.

El corazón de la reforma ataca directo a los plazos judiciales mediante el desalojo exprés. La norma pretende que un juez pueda restituir un predio, vivienda o campo en un término de 72 horas con la sola presentación de papeles que acrediten dominio. Para el arrendatario o el vecino del interior, el tiempo siempre ha sido un factor de mesura y prudencia. Aplicar plazos de escritorio a los conflictos de la tierra suele generar más problemas en la tranquera que soluciones en los tribunales. En el caso de los alquileres en mora, se da un margen de diez días para regularizar deudas antes de iniciar la demanda, un ritmo acelerado que ignora los ciclos de cosecha o las inclemencias del clima que muchas veces demoran las economías familiares.

Donde el proyecto levanta más polvo entre las cañadas es en la reforma a la Ley de Manejo del Fuego. El oficialismo busca derogar aquella cláusula que impedía por 30 años cambiar el uso del suelo rural en campos o pastizales afectados por los incendios. También le quita el candado de los 60 años a las zonas de bosques nativos. Modificar las restricciones ambientales tras un foco de incendio es como cambiar el reglamento de la cancha en pleno partido. Quitar la protección temporal puede terminar abriendo la puerta a negocios inmobiliarios o cambios de producción en campos que sufrieron la quema, dejando en desprotección el suelo productivo y el trabajo de la comunidad.

Las expropiaciones también quedan ajustadas bajo un molde estricto de utilidad pública, poniéndole un techo del 30% a las indemnizaciones por lucro cesante. Por otro lado, la iniciativa toca la histórica Ley Pierri para facilitar escrituras a familias que habiten su vivienda única desde hace una década. El valor real de una casa o de un lote rural no se mide en resoluciones judiciales de urgencia. En la costa, donde en verano los pueblos se llenan de gente de paso, o en la profundidad del campo, la relación con la tierra requiere equilibrio institucional y no reformas diseñadas a los manotazos para cumplir con agendas de gobierno.

El resultado de la sesión dependerá de discusiones procedimentales, como el voto virtual de legisladores con licencias de salud. Pero el fondo del asunto sigue estando en las tranqueras, en los barrios y en las economías regionales de nuestras provincias. Cuando el Estado intenta simplificar el mapa productivo con leyes exprés, por lo general termina complicando la vida cotidiana de la gente del interior. Habrá que ver si el Senado aporta la calma que le falta al proyecto impulsado por el Gobierno o si consolida una reforma que deja al territorio desprotegido ante las urgencias del mercado.