El Congreso votó incentivos para la tecnología y cerró el pleito con los holdouts

El viejo recinto del Congreso de la Nación volvió a ser el centro de las miradas en una jornada que mezcló la velocidad de los números financieros con los debates sobre el futuro productivo del país. Uno mira estas discusiones y es inevitable recordar viejos partidos; esto es como jugar una final con el piso mojado, donde un error de cálculo te puede costar el campeonato entero. Los diputados le dieron el visto bueno al pago de 171 millones de dólares para saldar las cuentas pendientes con los fondos remanentes de los canjes de las décadas pasadas. Con el almanaque apretando las clavijas por un vencimiento fijado para el cierre de este mes de junio, el tablero marcó 138 votos a favor, un número robusto que se armó gracias al brazo levantado de varios representantes del interior, hombres que conocen el peso de sus provincias y cuidan el juego propio en sus territorios.

Mientras el invierno empieza a hacerse sentir con fuerza en los campos bonaerenses y las heladas blanquean los caminos de tierra adentro, la política nacional busca señales que calienten la economía de cara al mediano plazo. El acuerdo con estos fondos extranjeros contempla una quita del 30 por ciento y quita de la cancha el problema de las costas legales. Los defensores de la ley explicaron que la urgencia de la jugada era vital para no caer en infracción técnica antes del próximo martes, una situación que hubiera complicado el panorama crediticio general. La contraparte, plantada en los bloques de la oposición tradicional, miró con desconfianza el apuro y advirtió que estas transacciones suelen esconder costos en el banco de suplentes que el ciudadano común termina pagando sin enterarse, sobre todo cuando los fondos están radicados en islas lejanas del Caribe.

El segundo tiempo de la jornada legislativa estuvo dedicado por entero a la media sanción del denominado Súper RIGI, un nuevo esquema impositivo que busca sembrar incentivos para sembríos diferentes a los de nuestra tierra. Este régimen apunta a cosechar inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares en sectores de tecnología avanzada. A diferencia de las herramientas anteriores, este traje legal deja afuera a las actividades de extracción primaria pura y a las obras de infraestructura vial o civil comunes. Los legisladores discutieron palmo a palmo los beneficios que se le otorgan a estas industrias del mañana, que van desde la biotecnología aplicada hasta la fabricación de componentes de alta complejidad. Las voces críticas del llano se hicieron oír señalando que el marco normativo otorga una cancha inclinada a favor de firmas multinacionales muy ligadas al poder informático global.

Para las provincias argentinas, el mapa que dibuja esta ley abre interrogantes y oportunidades sobre cómo se distribuirá el desarrollo en el mapa nacional. Las empresas que califiquen en el Súper RIGI tendrán garantizada la paz fiscal y aduanera por un plazo de 30 años. Es un tiempo largo, una vigencia que supera los ciclos habituales de cualquier administración de gobierno y que busca dar certidumbre a quienes arriesgan capitales de semejante magnitud. Los beneficios concretos tocan la estructura del Impuesto a las Ganancias bajándolo al 15 por ciento, además de liberar de aranceles las importaciones de maquinarias necesarias para montar estos laboratorios y plantas modernas. En el interior productivo, donde cada peso se suda bajo el sol o se calcula mirando el cielo, se observa con atención este horizonte de exenciones, esperando que la tecnología sirva también para arraigar valor en nuestras comunidades.