Autonomía de pago chico: la discusión por las reelecciones vuelve a las deliberaciones de pueblo
El debate por los mandatos de los intendentes bonaerenses busca anclarse en la Constitución Nacional para devolverle la palabra a los Concejos Deliberantes. Una mirada de territorio, leyes madres y los tiempos de la política de cercanía.

Las discusiones de la política grande suelen tener un eco pausado en las plazas y en los caminos de tierra del interior bonaerense, pero cuando lo que se toca es el sillón municipal, la atención se agudiza bajo la sombra de los tilos. En las últimas horas, un murmullo empezó a correr con fuerza por las rutas provinciales: el peronismo busca un sendero legal para que las reelecciones de los intendentes no se decidan en los despachos de La Plata, sino en el recinto de cada Concejo Deliberante. La jugada tiene la astucia de quien busca el espacio libre por la banda, apelando al artículo 123 de la Constitución Nacional para garantizar esa autonomía que los pueblos siempre reclaman para sí.
Durante años, la ley que limitó a dos los mandatos consecutivos actuó como un alambrado firme que parecía inamovible. Sin embargo, en la política bonaerense los escenarios cambian como el viento de la costa en una tarde de verano, y lo que parecía un partido liquidado hoy vuelve a abrirse con este proyecto que pone la pelota en el terreno de los Concejos. La idea es que sean los propios vecinos, representados por sus concejales en cada localidad, quienes definan si su conductor merece una nueva oportunidad en las urnas.
No es un partido sencillo de jugar. La oposición, que conoce bien el paño del territorio, ya puso sus condiciones sobre la mesa para entrar a la cancha. Exigen que cualquier habilitación de este tipo no se defina por una mayoría simple —que casi cualquier intendente con buena gestión tiene asegurada— sino por una mayoría especial de dos tercios de los votos. Ese requisito eleva la vara y obliga a un ejercicio de consenso y diálogo permanente en los comités y unidades básicas locales.
La geografía de nuestra provincia es tan diversa como sus suelos productivos, y las realidades de los distritos rurales difieren largamente del conurbano profundo. De los ochenta intendentes que hoy miran el almanaque sabiendo que el año que viene se les vence el plazo para sembrar su continuidad, muchos pertenecen al interior productivo, donde la gestión vecinal se mide en el mantenimiento de los caminos rurales, la atención del hospital de autogestión y el diálogo diario en la cooperativa. Para estos jefes comunales, la posibilidad de seguir gestionando es vital para concluir proyectos de largo aliento que los tiempos administrativos suelen demorar.
En el tablero del peronismo las posiciones no son uniformes y se asemejan a esos equipos donde conviven veteranos de mil batallas con jóvenes ansiosos por salir a la cancha. El Frente Renovador, que en su momento fue el abanderado de la limitación de mandatos, se encuentra en una encrucijada incómoda ante su propio electorado. No obstante, en los pasillos de la política territorial se comenta que el argumento de la autonomía municipal, bien plantado sobre las bases de la Constitución, podría ser la hendija que permita destrabar la negociación sin perder la compostura. El liderazgo de Sergio Massa sigue siendo el pivot necesario para ordenar los votos en la Legislatura provincial y tender puentes con otros sectores.
Mientras las tensiones entre las distintas terminales del oficialismo bonaerense demoran las definiciones, algunos municipios ya empezaron a jugar su propio partido individual en los tribunales de justicia. El caso de Castelli, donde su intendente Francisco Echarren acudió a la Corte Suprema para defender la potestad de dictar su propia Carta Orgánica Municipal, es un fiel reflejo de esa vieja rebeldía del federalismo de cabotaje. Es la reafirmación de que las asimetrías de esta vasta provincia no se resuelven dividiendo el mapa, sino dándole más herramientas y poder de decisión al pago chico.
En definitiva, la propuesta nos devuelve a una discusión tan antigua como nuestra organización nacional: la fuerza de las autonomías locales frente al centralismo de las capitales. Si la ley logra prosperar con los consensos necesarios, las decisiones más trascendentes de la política de cercanía volverán a tomarse allí donde la gente se conoce por el apellido, bajo el ritmo pausado de nuestras comunidades, donde cada debate en el Concejo Deliberante se sigue con el oído atento y el mate de por medio.

